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LaRedacción
Los padres de la joven Pamela Leticia Portillo Hernández piden su colaboración para encontrar a la joven que, tiene varios días perdida sin que se tengan mínimas noticias de su paradero.
Pamela tiene 23 años, es de tez morena clara, ojos café oscuros, cabello largo y castaño, delgada y mide aproximadamente 1.55 metros de estatura.
Al momento de su extravío vestía pantalón de mezclilla y blusa blanca.
CUALQUIER INFORME por favor realízarlo al teléfono 4 29-33-00 Extensión 14363 Y 14283.
Patricia Masip Garcíay Sandra Pla Hurtado explican en un estudio sobre los casos de desaparición de mujeres en Chihuahua lo siguiente:
Los formularios usados por las autoridades para recopilar las denuncias de las familias se denominan reportes. En éstos, las declaraciones de las familias no son recibidas en calidad de denuncia o de notitiacriminis (noticia del crimen) que debe movilizar el aparato policial.
El reporte de desaparición es solamente un informe administrativo. Aunque en teoría el deber del Estado sería establecer si la persona desaparecida fue víctima de un delito, son las familias quienes tienen que demostrar que la desaparición fue involuntaria y la carga de la prueba parece haber recaído en ellas.
Un reporte de desaparición se inicia con el intento para localizar a la persona por parte de la Policía Judicial bajo la orientación del Ministerio Público. Esta función está asignada a la Unidad de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales y Contra la Familia.
Del total de denuncias de desaparición, las mujeres y las niñas localizadas que
huyeron de su casa constituyen el 80 por ciento de los casos atendidos por la Unidad de Delitos Sexuales y Contra la Familia.
Obviamente, esta instancia juega un papel importante a la hora de ubicar a la persona desaparecida voluntariamente y e integrarla a su familia si es posible. Sin embargo, el hecho de que la unidad esté orientada hacia los casos en que la persona se marcha voluntariamente significa que su trabajo es principalmente asistencial.
La unidad no está capacitada técnicamente para recibir la denuncia e iniciar las primeras diligencias en casos en los que la familia insiste en que no se trata de una desaparición voluntaria, sino de un secuestro, rapto o alguna forma de privación de libertad que requiere una investigación penal inmediata. En los casos de menores de edad, la responsabilidad del Estado de proteger los derechos de la persona desaparecida e iniciar una investigación criminal es aún más urgente.
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