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Por. alejandrosalmónaguilera
La tragedia del sábado pasado en Villa Salvárcar, Juárez, ha sacado a relucir lo peor de la clase política nacional y local, acaso haya cambiado la decoración de las próximas elecciones.
Lo peor: el intento de usar la tragedia que enluta a toda la comunidad juarense y que cambió para siempre la vida de 16 familias, usada como arma electorera al más puro y hediondo estilo de las campañas del 2006.
Casi seis años después, Javier Corral se acuerda que puso una denuncia contra el entonces candidato José Reyes Baeza por recibir dinero “del narco”, así nada más. ¡Ah!, y pide que se vaya cuando le quedan sólo siete meses a su administración, ahora sí pide que renuncie.
Los diputados panistas del Congreso del Estado piden la renuncia del alcalde José Reyes Ferriz, pero dicen que no “politizan” el problema de la inseguridad. Como si la seguridad pública no fuera un tema eminentemente político. Que hagan politiquería de a tres pesos con el tema, es otra cosa.
Se les olvida que el mando de la operación contra la delincuencia está en manos del Gobierno Federal que encabeza el panista Felipe Calderón.
El presidente de la República va a Japón y, allá, ante decenas de corresponsales internacionales, dice que la matazón se debió a un “pleito de pandillas”.
En abono al batidero, la procuradora Patricia González y el jefe de la Operación Coordinada (¿coordinada con quién?) Chihuahua presentan a un malandrín de poca monta a quién sólo lo pusieron a cuidar una esquina, pero que resultó saber todo el teje y maneje del cártel conocido como La Línea.
Si ese inverosímil episodio no fuera suficiente, todavía salen a ratificar que los jóvenes masacrados eran pandilleros. Es decir, se les acribilló por partida doble: a balazos y a periodicazos.
El gobernador del estado recorre las calles de Villas Salvarcar repartiendo “pésames”, pero casi en sus narices “levantan” a otros cuatro jóvenes que sobrevivieron a la masacre del sábado.
Y mientras, dos de los responsables de prevenir el delito, caminan tan campantes rumbo a sendas candidaturas para ocupar cargos de elección popular que implican asumir responsabilidades mucho mayores a las que no pudieron atender en sus cargos que recién dejaron.
Víctor Valencia de los Santos salió fresco como una lechuga de la Secretaría de Seguridad Pública a sumarse “a la campaña” apenas 12 horas después de la masacre, mientras Carlos Borruel recorre el estado prometiendo la seguridad que no le dio a los habitantes de la ciudad que gobernó hasta enero de este año.
Entre panistas y priístas ya corre la voz entre dientes de que tal vez deberían reconsiderar su decisión y proponer otro tipo de candidaturas. Ir a la constitucional con candidatos que nunca pudieron contener la matazón, el asalto a punta de pistola y la pérdida de estado, será un verdadero fardo para su partido.
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